[29/06/2023] 'La
demanda
presentada al Tribunal
Superior de Justicia de Aragón
por unos
200 empleados del Gobierno de Aragón y el sindicato STEPA
reclama la nulidad
de la oferta
pública de empleo de estabilización
para cubrir 571
plazas en la Administración General autonómica,
dentro del proceso abierto por la Ley
20/2021
para regularizar a los trabajadores en abusode temporalidad y reducir esta al 8% (en la actualidad es casi del
50%).
El recurso legal
demuestra
que son, al menos, 4.089
los puestos
que deberían haberse incluido,
por lo que se
pide a los jueces
que esta OPE “pase a incorporar
todas las plazas
que reúnan los requisitos
previstos”,
lo que también conlleva sacar
de cualquier otra convocatoria en marcha
las
que deberían haberse incluido en
esta.
Además
de por vulnerar
la Ley 20/2021
en la determinación
de plazas,
los fundamentos de derecho argumentan que la oferta
recurrida
también es nula
de pleno derecho por “no
haberse observado en su procedimiento de elaboración trámites
esenciales”
y por “carecer
de la mínima motivación jurídica exigible”.
La
demanda se basa en documentos
y datos del propio Gobierno de Aragón,
por lo que resalta que “el
fraude y la mala fe son incontestables”
y evidencia cómo el Gobierno
cuatripartito
de Javier Lambán
tuvo la intención
expresa
de “evitar,
en la medida de lo posible, la aplicación
de la citada norma,
vaciándola de contenido al reducirla,
por razón de las plazas ofertadas, a la mínima
expresión”.
LA
OPE SOLO INCLUYE EL 14% DE LAS PLAZAS
La
oferta de empleo recurrida proviene de la Ley
20/2021
de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público,
que obliga
a todas
las administraciones
a convocar procesos
extraordinarios
de estabilización
de sus trabajadores
temporales en abuso:
mediante concurso
de méritos
para los que han ocupado su plaza durante más de seis años y por
concurso-oposición
para los que llevan entre tres y seis. Así se busca cumplir con las
exigencias
de la Unión Europea
de reducir el índice
de temporalidad
en el sector público y sancionar
la utilización de contratos
temporales
para cubrir plazas
que deberían ser permanentes,
al igual que las sanciones existentes en el sector privado.